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Garantía de Pago Público: Atenuar el riesgo de impago por parte de las entidades públicas
La Garantía de Pago Público (GPP) facilita la movilización por parte de los Estados de experticia y de inversiones privadas en los proyectos de desarrollo, limitando el riesgo asumido por el sector privado. Puede ser movilizada en el marco de contratos de concesión o de colaboraciones público-privadas (CPP).
Objetivos
- Facilitar la movilización de la experticia y de los inversores privados mitigando los riesgos de impago de las entidades públicas.
- Reforzar las colaboraciones de largo plazo entre el sector público y el sector privado para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¿Soy elegible?
En un país que figura en la lista del CAD de la OCDE, usted desea invertir con confianza en nuevos mercados y en infraestructuras sostenibles. Usted está preparado para comprometerse en una colaboración público-privada a largo plazo.
Usted representa a:
- un inversor
- un Estado o una entidad pública
- un banco emisor de cartas de crédito con riesgo soberano o riesgo de entidad pública.
Para conocer nuestras soluciones adaptadas a sus necesidades
Los puntos fuertes
- Duración de 20 a 25 años
- Cubre los impagos en contratos a largo plazo
- Tarificación calculada según el riesgo
- Acompañamiento personalizado durante toda la duración del proyecto
El mecanismo de la GPP
La Garantía de Pago Público es un mecanismo que moviliza a un Estado o a una entidad pública, un banco comercial y la AFD en torno a un inversor responsable de un proyecto de colaboración público-privada.
Para conocer el mecanismo en detalle
Tipo: garantía
Contratos garantizados: contrato comercial, CPP o contrato de concesión (sujeto a tarifas coherentes con las prácticas sectoriales)
Riesgos cubiertos: impagos no impugnados por entidades públicas o Estados (la deuda está reconocida pero no pagada) sobre vencimientos de contratos a largo plazo; se excluyen de la GPP las indemnizaciones por ruptura de contrato
Importe: entre 5 y 50 M€ (no renovable)
Recurso soberano: con o sin recurso al Estado accionista de la entidad pública
Duración: de 20 a 25 años como máximo, dependiendo de la existencia o no de un posible recurso soberano
Modalidades: fianza regida por el derecho francés
Tarificación:
- comisión de tramitación del 0,5 %
- comisión de garantía calculada en función del riesgo
